CIUDAD DE MÉXICO.- Luis de la Barreda Solórzano, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y académico, indicó que la ola de actos de justicia por mano propia de la ciudadanía en múltiples estados de la República, es resultado de la desconfianza para con el Ministerio Público y autoridades de seguridad en general.
En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen, Barreda Solórzanomanifestó que la justicia popular habla de, ‘en efecto, una fundamentada desconfianza’ y falta de credibilidad; añadió que todos los Ministerios Públicosdel país trabajan de manera ineficaz, son incompetentes y el juicio ciudadano los tiene en muy baja estima.
No se cree que con su función ayuden para llevar a los culpables ante la autoridad: poseemos un vació de autoridad en México. El hecho de que los ciudadanos tomen justicia, refleja una actitud de la gente que causa escalofrío: aprovechan el momento para sacar a flote lo peor de la naturaleza humana”, explicó.También detalló que es necesario diferenciar la defensa propia del abuso; anotó que existen crímenes que a juicio de la ciudadanía se deben de pagar con la muerte, como lo es el caso de un asesino, ‘claro está’: pero también, en ocasiones, la justicia por mano propia ocasiona lesiones y muerte de gente inocente en todo el país.
El linchamiento es un acto de salvajismo, nada relacionado con el proceso civilizatorio de los humanos. Todo recae en la desconfianza para con los MP. Para poner el ejemplo de dos países de continentes diferentes: en España y Japón, de cada 10 homicidios dolosos se ponen a juicio a un total de nueve homicidas”.
Mientras que en México se pone a comparecer a dos asesinos; ‘debemos trabajar en un buen MP y policía que respondan como órganos confiables; dijo que las responsabilidades a realizar por parte de las autoridades en casos delincuenciales son: procesos de investigación científica, ubicación de criminales…
Esclarecer todos los hechos de un escenario ilegal, descubrir las circunstancias bajo las que actuaron el delincuente y el agraviado, y ver si los hechos fueron en legítima defensa. Cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de Gobierno y se le cuestionó los hechos de justicia propia, dijo que «no hay que meternos con el México profundo, con los usos y costumbres».
Ningún hecho de justicia popular debe ser considerada como usos y costumbres; por parte de la autoridad ‘competente’ veo una actitud negligente y de resignación; no se deben tolerar esos actos y, para que la ciudadanía no llegue a actos de violencia, es menester erradicar los sentimientos de vacío de poder y justicia a nivel nacional.







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